Por La Juve
(corriente de izquierda: Agrupación PRISMA + Frente Cultural Raymundo Gleyzer)
Nos dijeron «Un país en serio» y no habría entonces por qué preocuparse. Una suba de tarifas no podría ser injusta; más bien sería un recordatorio (o un homenaje) del crecimiento a «tasas chinas», de la recuperación salarial, de la «revolución productiva» que por fin estaría viniendo. En «un país en serio» uno no se queja por cada injusticia, porque éstas serían cada vez menos. Porque esperar sería la mejor manera de colaborar con que terminen las injusticias.
Pero mientras tanto, las injusticias se imponen. Ocurren las cosas que eran previsibles luego de tanto tiempo de esperas vanas. El tarifazo en el transporte público es una injusticia nueva que se suma a una larga lista. Y una nueva acción de un estado que elige dar otro paso en la construcción de una sociedad más desigual. Hoy, vuelve a ser inválida (y más nunca) la respuesta a la injusticia según el parámetro del propio bolsillo.
El precio del transporte público no puede estar sujeto a una puja entre bolsillos medianamente pudientes y bolsillos que quedarán progresivamente fuera de toda posibilidad. El transporte público es una necesidad que atraviesa todos los sectores sociales y que el estado debe contribuir a satisfacer. Y sólo desde reconocer tales necesidades es posible pensar otra política de subvenciones, otros esquemas de tarifas según la región, otra orientación del gasto.
El estado que siempre está activo a la hora de aumentar la desigualdad, viene estando activo también a la hora de omitir controlar a las empresas de transporte. Los subsidios pueden seguir fluyendo a los propietarios sin que haya el más mínimo control de la calidad del servicio. Discutir hoy cuánto puede pagar un asalariado es volver a postergar otra cuestión fundamental. El cuánto esconde al qué. Cuánto podrían pagar algunos no es excusa para disculpar el qué de lo que se paga. El último año lo demostró claramente. El cambio de tarifas se hizo sin ninguna exigencia de mejora del servicio. Ni el aumento de tarifas ni el aumento de subsidios impidieron que el servicio continuara deteriorándose.
La medida habla a las claras de las prioridades gubernamentales, del objetivo de mantener una sociedad desigual, de la ideología que sólo ve que existe aquella población incorporada al mercado de trabajo formal. En estos tiempos de «keynesianismo» y «redistribución del ingreso», el aumento de tarifas es un insulto a las mayorías sociales. Todos los anuncios de políticas económicas contracíclicas, reducción de impuestos y promoción del consumo se destinan a quienes tienen ya cierta capacidad adquisitiva, mientras que tales anuncios son sucedidos con este castigo a quienes están fuera del espectro de «consumidor respetable», aquel que parece ser el único individuo que se encuentra dentro del ‘campo visual’ del estado.