Crece la polémica en torno a la idea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de demoler medio centenar de viviendas «irregulares» (con más de dos plantas de alto) construidas precariamente en la Villa 31 y 31 bis del barrio porteño de Retiro.
Al respecto el Gobierno publicó un comunicado en su página web que expresa lo siguiente:
«Conforme lo dialogado con los 33 referentes sociales de las Villas 31 y 31 bis que integran la Mesa de Trabajo coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la prioridad inmediata es el recupero y la puesta en valor de su espacio público, otorgándoles el mismo tratamiento e infraestructura que al espacio público de cualquier otro barrio de la Ciudad, para así poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
(…) En el corto plazo, este proyecto comprende la inmediata solución de los problemas de presión en la red de agua de la Villa 31 (trabajo que ya se encuentra en estado avanzado de realización); el tendido de una red de agua troncal en la Villa 31 bis (obra que se iniciará en las próximas semanas), la remodelación y el equipamiento de los espacios verdes existentes en los distintos sectores de los asentamientos (canchas de futbol, juegos para niños, espacio para que los vecinos se relacionen), el alumbrado y asfalto de las principales calles y la ampliación de la sala de auxilios médicos.
(…)»Todos éstos objetivos han sido establecidos mediante el diálogo con referentes y vecinos de los asentamientos en el marco de la Mesa de Trabajo», indicó el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.
En los próximos días funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se reunirán con quienes habitan cada una de las cincuenta viviendas irregulares de más de dos plantas (entre tres y seis) que se encuentran en situación más crítica, así como con sus vecinos directos y con el delegado de la manzana correspondiente, para explicar concretamente cuáles son los defectos estructurales de cada una de éstas construcciones así como el grado de riesgo de derrumbe que presentan y qué consecuencias tendría éste sobre las edificaciones cercanas. En cumplimiento de la orden judicial del juez Gallardo, se convocará también a un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, y si el diagnóstico de los funcionarios de la Ciudad coincide con el de los Bomberos, con el consenso de los vecinos afectados, se procederá al apuntalamiento o refacción según corresponda y sólo en último caso a la demolición parcial o total, así como al alojamiento provisorio de los evacuados, de la manera que menos traumática resulte.
«No está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar», señaló por su parte la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.»
El Diputado Facundo Di Filippo, vicepresidente del bloque de la Coalición Cívica, acotó respecto de la decisión de Macri de demoler viviendas en la Villa 31: «La política habitacional no se puede hacer pensando en la mejor foto para los medios. Una medida como la que pretende llevar a cabo el Gobierno de la Ciudad requiere la aceptación de la Mesa de Diálogo constituida con los habitantes de la Villa (no solo de los punteros afines); la reubicación en viviendas dignas ya construidas; y, sobre todo, se necesita un estudio serio respecto de la situación edilicia de las construcciones, y no uno surgido de la mera observación de un arquitecto disfrazado de fumigador», y añadió: «Lo que tienen que hacer los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad si quieren evitar riesgos edilicios y darle una mejor calidad de vida a quienes viven precariamente en las villas, es un verdadero plan de urbanización que las transforme en barrios dignos integrados al resto de la ciudad», y recordó al respecto el proyecto de ley (Nº 2913-d-2008) que presentó en la Legislatura Porteña para disponer la urbanización de la Villa 31-31bis, en consenso con los vecinos, organizaciones sociales y autoridades públicas locales y nacionales.
Por último, el Legislador de la Ciudad recordó un fallo del Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Vicente Cataldo, en el cual se obliga a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, respecto de las demoliciones realizadas en la Villa 3 de Soldati, a que: «adopten, de inmediato […], las medidas necesarias para el saneamiento de la zona […] asegurando a sus residentes condiciones mínimas de higiene ambiental, con provisión de agua potable, de servicios sanitarios básicos -incluso cloacales y pluviales-, y suministro eléctrico, así como el mantenimiento de la seguridad, hasta tanto sean todos reubicados o se resuelva en sentido diverso». Al respecto afirmó: «El Gobierno de la Ciudad debería aprender de sus propios errores. El Estado es quien debe asegurar las condiciones de vivienda digna, y no debería ser el responsable de agravar la situación de vida de quienes padecen el déficit habitacional».