El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sostuvo ayer “ser ajeno” a las imputaciones por maltrato y amenazas a indigentes en situación de calle que se le atribuye a la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP).

Macri fue indagado por la jueza María Fontbona de Pombo, subrogando a su colega Facundo Cubas, durante algo menos de una hora ocasión en que, según las fuentes, “negó los cargos” y acompañó un “escrito técnico” en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía la disuelta UCEP.

A esos fines Macri arribó, a las 11.29 a los tribunales de Lavalle 1171, de esta Ciudad, donde lo esperaba, entre otros, el subsecretario de justicia porteño Daniel Presti, y su abogado Alejandro Pérez Chada.

Tras haber postergado en cuatro oportunidades su presencia ante el magistrado, y ante la amenaza de un posible pedido de desafuero a la Legislatura porteña para hacerlo concurrir con la fuerza pública, Macri cumplió hoy con la demorada presentación en los tribunales.

Tanto el llegada como la salida del jefe de gobierno, a bordo de una camioneta JNS290, marca KIA, color gris claro fue acompañado por integrantes de la agrupación HIJOS quienes manifestaron de viva voz su repudio.

«Macri, basura, vos sos la dictadura” o “andá a pegarle a los pobres” eran las consignas de los jóvenes que exhibían pancartas en las que reclamaban “juicio y castigo a los responsables de la UCEP” y “UCEP es represión”.

La indagatoria se realizó luego que el 27 de abril último la Cámara del Crimen, con la firma de los magistrados Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, ratificase la decisión que ordena su indagatoria al rechazar los planteos de su defensa y considerar “improcedente” el recurso de apelación con argumentos que ya habían sido desestimados por Cubas.

En el sumario, iniciado en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex integrantes de esa cartera.

En la causa, se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La UCEP había sido creada ese año a través del decreto 1232 para «mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión» e «intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público».

Una presunta víctima del maltrato por parte de miembros de la disuelta UCEP, Graciela Cisneros, denunció haber golpeada por personal de esa Unidad el 1 de octubre de 2010 cuando dormía en la calle Pasco, entre las de Constitución y Cochabamba, de esta capital.

 

Fuente: TÉLAM