A partir del momento en que la primera formación estacione en la estación cabecera, un pasaje en subte tendrá el modico precio de $2,50. La medida tomada por el ejecutivo porteño recibió fuerte críticas de todo el arco opositor. Nadie se perdió la oportunidad de expresarse en contra del macrismo y -en menor medida- al gobierno nacional.
La Agrupación Trabajadores de Metrovías alzó su voz: «Denunciamos este ataque de doble filo –de ambos gobiernos– que pretende enfrentar la defensa del salario y las conquistas de los trabajadores del Subte con los pasajeros, ya que cualquier mejora reclamada sufrirá el chantaje de un “nuevo” aumento del pasaje. Trabajadores contra usuarios en defensa de la explotación privada parasitaria de Metrovías, cuya continuidad y cuyas cuentas no formaron parte de la discusión».
Por su parte, la Juventud Rebelde denunció «esta política de ajuste por parte de una gestión que ya ha demostrado en innumerables ocasiones que no gobierna para las grandes mayorías. Hace sólo un mes el gobierno del PRO había votado en la Legislatura porteña por la elección de docentes a dedo –contra el Estatuto Docente- y por la suba de las tarifas del ABL, a la vez que la salud pública en los hospitales de la Ciudad se deteriora día a día».
Juan Pedro Gallardo, presidente del CEIS, también atacó al Jefe de Gobierno: “la Constitución de la Ciudad, a diferencia de la Constitución Nacional, establece el principio de democracia participativa en vez de representativa. En orden con esta perspectiva, la audiencia pública es un instituto que permite la participación de los interesados, como los vecinos o las asociaciones de los consumidores, para que puedan emitir su opinión en relación a medidas del gobierno que los perjudiquen”. Finalmente, recordó que “el Art. 46 de la Carta Magna local garantiza la defensa de los consumidores de bienes y servicios, y especifica que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe promover mecanismos para la participación de éstos, de acuerdo a lo reglamentado por la Ley 210”. Esta última, a su vez, aclara que el Ente tiene la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública en caso demodificación de las tarifas de los servicios de transporte público de la CABA, entre otras cuestiones”.