El ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, firmaron ayer un convenio de cooperación con el objetivo de incorporar a las universidades como asesoras privilegiadas de las comisiones de la Cámara baja.
«Es para nosotros un gran honor estar en la Casa de las Leyes, en esta institución de la República que hoy se plantea el desafío de mejorar su gestión y, en ese desafío, mira hacia el Estado”,” sostuvo el titular de la cartera educativa tras la rúbrica del acuerdo, suscripto con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) en base al Programa de Modernización de la Cámara de Diputados de la Nación.
El ministro subrayó que “nuestras universidades son las mejores consultoras que podemos tener; sean de gestión pública o privada”. «Quiero compartir con ustedes -añadió- el profundo orgullo que sentimos por este sistema universitario, y no lo digo en nombre de un gobierno sino de toda una sociedad que viene haciendo enormes esfuerzos en torno a la educación pública, y especialmente a su educación superior, hace más de 100 años”.
Sileoni recordó que en 2003 la gestión contaba con un presupuesto de $1.800 millones para el nivel superior, y estamos cerrando 2012 con más de $20.000 millones ejecutados. “Por decisión de este Congreso, se han creado además 9 nuevas universidades, en las que estudian jóvenes argentinos que no habrían tenido otra oportunidad”, destacó.
“Quiero rendir tributo a estas nuevas universidades, de múltiples colores, que no están ensimismadas ni ven al Estado como una amenaza a su autonomía”, dijo el ministro y resaltó que “es un motivo de orgullo que estas universidades colaboren estrechamente con el Congreso”.
En el mismo sentido, Domínguez consideró que“la vinculación con las universidades es un “responsabilidad ineludible” del Estado, que tiene que ver con “hacerse de las mejores herramientas para decidir mejor y legislar mejor”.
“El acuerdo apunta a construir una matriz de conocimiento compartida entre todas las universidades y todas las comisiones; que los legisladores puedan disponer de esa información y de la experiencia de las casas de altos estudios”, explicó el presidente de la Cámara Baja.
De la rúbrica, que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, participaron además los secretarios de Políticas Universitarias, Martín Gill; y de Educación, Jaime Perczyk; el titular del CIN, Guillermo Crapiste; y su par del CRUP, Juan Carlos Mena; y el secretario general de la Asociación de Personal Legislativo, Norberto Di Próspero.
Entre otras tareas, el acuerdo habilita a las casas de altos estudios a “conformar e integrar comisiones de trabajo, crear equipos interdisciplinarios para el desarrollo y estudio de tareas legislativas; y brindar asesoramiento en aquellos temas que requiera la Presidencia de la Cámara que, por su complejidad, ameritan un estudio pormenorizado.
En la misma ceremonia, Sileoni y Domínguez firmaron un acuerdo para que aquellos empleados de la Cámara Baja que no hayan concluido sus estudios en el nivel secundario puedan hacerlo a través del Plan de Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs) de la cartera educativa nacional.
El Plan FinEs fue lanzado en 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de garantizar la terminalidad de la escolaridad obligatoria a jóvenes y adultos que no hayan iniciado o completado sus estudios en término.