En esa casa de altos estudios el ex militar estudiaba hasta el año pasado el Profesorado de Historia, en el marco del Programa Educación en Contextos de Encierro que la Facultad de Humanidades dicta para internos de las unidades penales.
El año pasado, el docente de Historia Darío Velázquez cuestionó la presencia de Appiani en sus clases y pidió que la universidad estableciera criterios para “la admisión de personas procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad”.
De inmediato, el Consejo Superior de la UADER dispuso “la no admisión ni permanencia de condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes”, una decisión que también alcanzó al médico Hugo Mario Moyano, también detenido y procesado por delitos de lesa humanidad.
En los considerandos de la medida, el consejo superior aclaró que la medida no constituye “una sanción jurídica sino ética, lo que excluye toda disquisición filosófica sobre la fundamentación de la pena o sobre los alcances de la inhabilitación que pesa sobre los afectados, porque no hay pena alguna que fundamentar».
«La universidad puede otorgar premios éticos y también aplicar sanciones del mismo tipo. En nuestro caso, los involucrados participaron de un régimen que asesinó a miles de estudiantes y profesores, razón más que suficiente para aplicar la sanción ética mentada”, añaden los considerandos.
Tras la aplicación de la sanción, Appiani recurrió ante el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y luego ante la Cámara Federal de Apelaciones, dos instancias que rechazaron su planteo por discriminación.
Previamante, el represor había acudido ante la Delegación Paraná del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) argumentando que sus derechos habían sido “vulnerados” y que la expulsión de una universidad pública significaba una “abierta violación a la ley antidiscriminatoria”.
Appiani está detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná desde el 4 de junio de 2009, imputado de delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar.
En 2011, los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva lo acusaron como partícipe necesario de privaciones ilegítimas de libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegítimas de libertad y tormentos contra 27 personas.
Esta causa se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal (es decir por escrito), y viene sufriendo permanentes trabas por los planteos de las defensas.
Appiani es socio de Jorge Antonio Olivera, el ex militar que se fugó del Hospital Militar Central el 4 de julio pasado, tres semanas después de haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos en San Juan.
Ambos eran socios en un estudio jurídico ubicado frente a los tribunales porteños, hasta que cayeron presos.
Tras la fuga de Olivera se supo que ambos habían constituido un fideicomiso financiero para cobrar los honorarios de juicios, que llegó a tener $9.457.804 y que la Unidad de Información Financiera (UIF) sospecha se habría utilizado para financiar el escape de los represores prófugos.
TELAM