Desde que se conoció que hay un caso de sarampión autóctono en CABA en una beba de ocho meses, las redes sociales volvieron a prenderse fuego por la eterna pelea entre quienes están en contra de las vacunas y quienes quieren que se cumpla con el calendario obligatorio de vacunación. Todo esto es muy entretenido para discutir usando alguno de los mil HT que se inventaron en Twitter para hablar del tema, pero lo cierto es que más allá de quienes no quieren vacunar a sus hijas e hijos, hay otro problema, más grave: faltan vacunas.
La ley 22.909 establece desde 1983 la obligatoriedad de una serie de vacunas para proteger la salud pública. Durante todos estos años de democracia, el listado fue creciendo. El calendario vacunatorio es de presentación obligatoria para trámites como la inscripción de niñas y niños en escuelas, el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la obtención del título universitario (recomendamos a nuestras/os lectores no colgar con el Examen de Salud Obligatorio de la UBA, lleva tiempo, es engorroso pero, entre otras cosas, pueden aprovechar para realizarse el testeo de VIH en ese mismo momento).
Circula desde hace unos días un comunicado en el que responsables de los equipos provinciales de vacunación denuncian que “durante todo el 2017 no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación ntimeningocócica cuadrivalente (Menveo®) de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente NO SE REALIZÓ, cabe mencionar que en el año en curso la situación se agrava porque se agregan para vacunar los niños de 15 meses. En la actualidad, marzo de 2018, algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden ejecutar cualquier planificación proyectada”. Y que además faltan vacunas de “DPT (triple bacteriana), Hepatitis B, vacuna contra VPH, vacuna contra rotavirus, vacuna antirrábica, Sabin bivalente, entre otras”, junto a la falta de entrega de agujas y jeringas.
La situación se agrava al saber que durante este año no se les entregarán las dosis adeudadas del año pasado, impidiendo el cumplimiento de los planes de vacunación. De esta forma, además de perder oportunidades de vacunación, los centros de salud pierden credibilidad en la población.
A pesar de las conclusiones que hayamos sacado en estos días de discusión sobre si vacunar o no a nuestros/as potenciales hijos/as, el Estado está obligado a garantizar nuestro derecho a la salud, vacunas incluidas, y en estos momentos no lo está haciendo.