«De los 380 pedidos de informes que la Legislatura presentó durante el año pasado al Gobierno porteño no fueron contestados 125, lo que significa una falta de respeto a la institución parlamentaria y una grave violación de las obligaciones constitucionales del Poder Ejecutivo”, denunció ayerla diputada Rocío Sánchez Andía.
La legisladora de la Coalición Cívica precisó que esos datos significan que Mauricio Macri “sólo contestó el 33 por ciento” de los pedidos de informes aprobados por la Legislatura en el 2009 y que de los 125 no respondidos “dos fueron presentados por el oficialismo y 123 por otros bloques, o sea, que el 98,4 por ciento de los que ignoró fueron elaborados por la diputados de la oposición”.
“Pero si esta modalidad inconstitucional del Jefe de Gobierno de contestar uno de cada tres pedidos de informes es grave, mucho más grave es que el 70 por ciento de esos requerimientos versan sobre temáticas sociales”, agregó Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda, durante un encendido discurso en el inicio de la sesión legislativa de ayer por la tarde.
La diputada de Jóvenes por la Igualdad (JxI), una de las agrupaciones fundadoras del ARI y de la Coalición Cívica, sostuvo que Macri “debe terminar con las hipocresías discursivas”, pues en los medios “habla de institucionalidad y transparencia, pero en la práctica su gestión no se caracteriza por ser transparente, ya que niega a la ciudadanía el derecho a la información”.
Durante su exposición, Sánchez Andía recordó que el artículo 105, inciso 4, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como obligación del Jefe de Gobierno “proporcionar a la Legislatura los antecedentes e informes que le sean requeridos” y que otras normas garantizan a todos los ciudadanos y sus representantes parlamentarios el acceso a información de los actos administrativos gubernamentales.
También indicó que los pedidos de informes al Poder Ejecutivo tienen tres objetivos esenciales: 1) brindar a los legisladores la información necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones; 2) ser una herramienta de control de los actos gubernamentales y una suerte de advertencia sobre sus políticas; y 3) un mecanismo más para que los habitantes de la ciudad accedan a información sobre la gestión de Gobierno.
«Por lo tanto – destacó la diputada de la Coalición Cívica- la falta de respuesta de Macri y de sus ministros a los pedidos de informes presentados por esta Legislatura constituye una grave violación a derechos constitucionales, dificulta deliberadamente la labor parlamentaria y significa un grosero desconocimiento sobre nuestro sistema republicano de gobierno, de la misión de control que le compete al Poder Legislativo sobre el Ejecutivo”.
Respecto a los pedidos de informes no contestados sobre temas sociales (el 70 por ciento de los 125 ignorados por Macri), Sánchez Andía brindó el siguiente detalle: 26 requerían información del área educativa; 22 de salud pública; 10 de temáticas de la mujer, infancia, adolescencia y juventud; 9 de promoción e integración social; 7 relacionados con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el déficit habitacional; 7 de temáticas culturales; 7 de problemas ambientales, y otros 23 sobre otras cuestiones sociales.