El legislador Fernando Sánchez, presidente del bloque de la Coalición Cívica porteña, se manifestó indignado por la intención del Ejecutivo local de hacer una licitación direccionada, que es prácticamente una prórroga automática para las empresas que explotan el servicio de estacionamiento medido y acarreo de vehículos en infracción desde el año ’91. Hace 10 años que tienen el contrato vencido.
Sánchez explicó: «Las empresas prestadoras del servicio BRD S.A.I.C.F y Dakota SA, cometen reiterados abusos en la prestación del servicio y la connivencia con el poder político es evidente. Con simples resoluciones de funcionarios de segunda línea del gobierno porteño, obtienen ventajas como aumentar los sectores afectados al servicio y elevar las tarifas, facultad de la legislatura a través de su ley tarifaria». Y agregó «En el 2008 la ciudad debió pagar 12 millones de pesos a la empresa BRD por no haber asegurado la rentabilidad de la empresa».
«Nuestra propuesta es que la Ciudad llame a una licitación para proveerse de grúas y se haga cargo de la prestación del servicio. Actualmente el canon percibido es miserable ($1000 por mes) y las playas de infractores son cedidas gratuitamente a las empresas como también los sueldos del personal policial que lo abona la ciudad. Lo único privado por tanto, es la renta que el jefe de gobierno garantiza a las empresas amigas de Grosso», concluyó el diputado porteño.