Las diputadas nacionales de Libres del Sur e integrantes del interbloque Proyecto Sur, Victoria Donda y Cecilia Merchán, presentaron un proyecto que tiene como objetivo poner el foco de la Justicia en la persecución al narcotráfico y no en la tenencia de los usuarios.
La iniciativa modifica la ley 23.737, con el objetivo principal de adecuar la normativa vigente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional (articulo 19) y los tratados internacionales de igual jerarquía, teniendo en cuenta a su vez el fallo del año 2009 que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Arriola”, donde pone de manifiesto el claro fracaso de la doctrina y de la jurisprudencia que sostenía la penalización del usuario de estupefacientes, con razones utilitaristas o pragmáticas donde se permitiría combatir –con esta normativa- más fácilmente al tráfico de estupefacientes.
Donda explicó los motivos de las modificaciones propuestas: “Nuestra intención con este proyecto es intentar dar un paso más en una problemática vital para nuestra sociedad. Creemos que la iniciativa sirve como disparador para generar un debate que nos saque de una vez de esta cierta parálisis en cuanto a la legislación vigente y seguir un camino de evolución, similar al que ya viene transitando la sociedad argentina con temas como los del casamiento entre personas del mismo sexo o el debate con respecto al aborto”.
“Han pasado más de 20 años de la sanción de la ley 23.737 y 19 años de la doctrina ‘Montalvo’ que legitimó su constitucionalidad y después de tanto tiempo no es necesario profundizar demasiado en análisis estadísticos para darse cuenta que el narcotráfico no ha disminuido ni ha sido combatido eficazmente, al contrario, esta actividad criminal aumenta día a día, por ello es que creemos que la solución no es seguir criminalizando al simple usuario de estupefacientes, porque así se siguen mal gastando esfuerzos y recursos donde realmente los debemos emplear que es en el combate con el narcotráfico», agregó la presidenta de la comisión de DDHH.
Entre las modificaciones se encuentra una sustancial, como lo es la derogación del artículo 14 de la ley en cuestión, que penaliza al simple tenedor de estupefacientes para luego hacer la salvedad de declarar no punibles a aquellos casos en los que inequívocamente demuestren que dicha tenencia es para su consumo. En ese sentido, Merchán sostuvo “que ese artículo 14 es la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso penal. Por lo tanto, de no desarmar este andamiaje y seguir manteniendo la salvedad de los casos de tenencia para consumo, aclarando solo su no punibilidad, no habrá despenalización alguna y los usuarios seguirán criminalizados y sometidos a un proceso penal para demostrar su inocencia. Por otro lado, respecto a las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando desde hace años, y que se observa en las propias cifras del poder judicial: en los últimos 10 años: el 70% del total de causas por drogas son por tenencia para consumo personal, entre el 20 y el 25% son causas por tenencia simple y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización”.
Otra de las modificaciones propuestas es la derogación de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 que regulan los de tratamientos de rehabilitación como parte del canje por la pena en las diversas instancias del proceso penal.
Finalmente, Donda aclaró “que la ley penal no va a acabar con las adicciones, no es función del Derecho Penal resolver o prevenir conflictos sociales, debemos enfocarlo hacia donde pueda tener un resultado positivo para la sociedad, como lo es combatir el narcotráfico y no a los usuarios”.
listo, droguemonos todos y viva la pepa.
esto es cualquiera