El legislador porteño Aníbal Ibarra y su par Maria José Lubertino criticaron al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, y al Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por la reciente compra de pistolas paralizantes para uso de los uniformados de la flamante Policía Metropolitana.
Ibarra manifestó a través de un comunicado que «desde antes de los inicios de esta fuerza, (Mauricio) Macri no ha dejado de cometer errores».
«Comenzó con la designación de (Jorge) Palacios, el escándalo de las escuchas ilegales y el espionaje interno. Ahora sigue con la compra de equipamiento, que utiliza como marketing de impacto y no en función de las necesidades reales», señaló el ex Jefe de Gobierno, que sostuvo que «más allá de las fantasías de Macri y de (Guillermo) Montenegro, por ley la Policía Metropolitana se dedicará a temas urbanos menores como son las contravenciones y los delitos transferidos tales como lesiones en riña, violación de domicilio y usurpación de propiedad».
Ibarra sostuvo que «ninguna función de la futura Policía Metropolitana justifica el armado de un área de inteligencia -como ya hicieron con alrededor de 30 espías que trajeron de la Policía Federal-, ni tampoco la compra de cuarenta vehículos no identificados y mucho menos la compra y uso de armas eléctricas».
«Los experimentos son para los laboratorios, no para una nueva Policía que debe cuidar la vida y la propiedad de los ciudadanos», finalizó.
La legisladora porteña María José Lubertino también repudió los dichos de Monenegro, y consideró «inaceptable» que «desconozca habiendo sido ex juez las recomendaciones en materia de derechos humanos» formuladas por organismos internacionales sobre el uso de armas de descarga eléctrica, cuya compra autorizó para proveer a la Policía Metropolitana.
La ex titular del INADI manifestó en un comunicado que «un ministro de Seguridad que desconoce los límites legales debe irse, pues violenta los requisitos de idoneidad mínima que manda la Constitución de la Ciudad para el desempeño de cargos públicos».
«Tanto el Comité contra la Tortura como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Amnistía Internacional cuestionaron el uso de estas armas por considerarlas un método de tortura letal» recordó Lubertino, y afirmó que «la Policía porteña aún no está en las calles y ya estamos lamentando varios hechos reñidos con las garantías y derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad», en referencia al escándalo de espionaje telefónico que envolvió a la fuerza.
La legisladora asoció el nuevo armamento con las picanas eléctricas utilizadas durante el terrorismo de estado, manifestando que «a las escuchas y la persecución ideológica ahora hay que agregar este intento disparatado y provocador de armar a los efectivos con uno de los símbolos más nefastos de nuestra historia», y advirtió «si Montenegro no se retracta sobre el uso de las picanas móviles haremos uso de todos los recursos institucionales para ajustar a derecho su actuación».