La iniciativa, impulsada por los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Coalición Cívica, apunta a prohibir el uso de las pistolas eléctricas que el Gobierno porteño adquirió para armar a la flamante Policía Metropolitana.
El proyecto coincide con la denuncia penal que presentó el abogado Eduardo Barcesat contra el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro por «actos preparatorios» del presunto delito de torturas».
«El uso de las Taser va contra los tratados internacionales. Es necesario prohibir las picanas PRO», afirmó quien elaboró el proyecto de ley, el legislador de Encuentro Popular para la Victoria Francisco «Tito» Nenna.
El texto redactado por el dirigente de CTERA propone la modificación de un artículo de la ley de conformación de la Policía Metropolitana mediante la inclusión de un inciso que prohíbe la utilización de «armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas, así como cualquier otra técnica o instrumento observado u objetado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas».
Nenna argumentó, respaldado por los informes del Comité, la Unión Europea y Amnistía Internacional, que «la norma que creó la Policía de la Ciudad especifica que el cuerpo no debe infligir, instigar ni tolerar actos de tortura o tratos crueles, pero Mauricio Macri no la respeta».
Rafael Gentili, legislador por Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur, sostuvo que «está bien que se hagan acciones tendientes a que las Taser ni se compren ni sean usadas por la Metropolitana» dado que «son catalogadas como elementos de tortura».
«Estamos ante la posibilidad de que Argentina sea sancionada por el Comité de la ONU por incumplimiento al usar estas armas que son consideradas como método por tortura», advirtió Gentili, quien además reclamó a las autoridades de la Ciudad a «dar por terminado este tema antes de marzo».
«Es indignante escuchar las declaraciones del ministro Montenegro donde explicó que se van a utilizar en situaciones de dementes, violencia doméstica y suicidas», manifestó la legisladora ibarrista María Elena Naddeo en repudio al uso de las Taser.
Naddeo, futura presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Ley Salud Mental, señaló que «es claro el desinterés que tiene este Gobierno por los derechos humanos».
Por su parte, el diputado PRO Martín Borrelli respondió que «el uso de los distintos dispositivos de seguridad por parte de la Metropolitana quedará determinado por los respectivos protocolos de acción y estará respaldado por una sólida formación teórica y práctica de todos los agentes».
«Aquellos que critican las Taser terminan defendiendo el uso del bastón y la pistola, denostando por ignorancia métodos más modernos y menos violentos para la represión del delito», aseguró.